En medio de la creciente crisis política en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Con esta decisión, el TSJ, controlado por el chavismo, avala los controvertidos resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no hizo públicos los datos detallados de las mesas escrutadas en su momento.
El TSJ, que asumió la auditoría de las actas tras la votación, declaró que el material electoral es «inobjetable», según palabras de Caryslia Rodríguez, presidenta del tribunal. A pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición y la comunidad internacional, el tribunal aseguró que los resultados son válidos y que Maduro es el legítimo ganador de la contienda, ratificando su poder en un país sumido en la incertidumbre.
Según el TSJ, la auditoría se basó en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales, quienes supuestamente confirmaron la validez del proceso. Sin embargo, la oposición y varios organismos internacionales han cuestionado la independencia de estas auditorías, destacando que tanto el TSJ como el CNE operan bajo la influencia del régimen chavista.
La ratificación de Maduro en un proceso electoral plagado de irregularidades aumenta la tensión en Venezuela, donde más del 70% de la población vive en pobreza extrema y la inflación ha alcanzado niveles históricos. Mientras tanto, líderes de la oposición han advertido que esta decisión solo profundizará la crisis y el aislamiento internacional del país.
