En un giro reciente de los acontecimientos que han causado conmoción en Medellín, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía General lograron la recaptura de dos de los tres extranjeros que habían sido inicialmente detenidos por explotación sexual infantil, pero que un juez dejó en libertad debido a supuestas fallas en el procedimiento policial.
Uno de los recapturados, identificado como Owoseni Ridwan Ajishola, ciudadano estadounidense, fue detenido en Bogotá mientras intentaba abordar un vuelo hacia Miami, Estados Unidos. El segundo individuo, Eabith Elías Ortiz Toro, de nacionalidad venezolana, fue arrestado nuevamente en Medellín. Las autoridades continúan buscando al tercer extranjero involucrado en este caso.
El caso ha generado indignación en la comunidad, especialmente después de que se conociera que estos hombres habían sido capturados en flagrancia el pasado 8 de agosto en un apartamento en El Poblado, donde fueron encontrados con tres menores de 14, 16 y 17 años de edad. A pesar de las pruebas y la declaración de las menores, que indicaron haber sido contratadas para participar en actos de explotación sexual, un juez ordenó la liberación de los sospechosos, alegando que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ingresó al lugar sin el debido consentimiento.
Sin embargo, las autoridades policiales han defendido la legalidad del procedimiento, argumentando que actuaron en respuesta a una llamada de emergencia de la comunidad y que, además, los agentes fueron autorizados para ingresar al apartamento, donde realizaron las capturas en flagrancia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en expresar su rechazo a la liberación de los acusados, enfatizando que no se puede permitir que los derechos de los presuntos agresores prevalezcan sobre los de las víctimas. «En Medellín estamos dando la lucha para proteger a nuestros niños y niñas, y no podemos permitir que primen los derechos de los violadores sobre las garantías de nuestros niños», afirmó el mandatario.
Con la recaptura de dos de los tres extranjeros, las autoridades esperan que estos individuos sean presentados nuevamente ante un juez de control de garantías, quien determinará su situación jurídica en Colombia. Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer las medidas de control y de garantizar que los procedimientos judiciales no permitan la impunidad en delitos tan graves como la explotación sexual infantil.
